Codicia encubierta¿Qué pensarías si el Estado te obligara a pagar un derecho por quemar un CD con las fotos de tus vacaciones, o por el respaldo de datos de tu computador?

Pues en España la reciente reforma a la Ley de Propiedad Intelectual incorpora el pago de un impuesto adicional cuando compras un dispositivo digital de captura o almacenamiento de datos, como “una compensación a cambio del derecho a realizar copias privadas de los contenidos que adquirimos legalmente”.

El problema es que el impuesto se aplica a los dispositivos y los soportes, y no a quienes realmente realizan copias de sus colecciones privadas de medios (CD y DVD, principalmente).

En resumidas cuentas, pagan justos por pecadores, ya que aquellos que desarrollan material propio deben asumir el costo impuesto por el llamado “Canon Digital”, para compensar las pérdidas provocadas por la piratería.

Para contextualizar lo que viene a continuación, voy a tomar tres definiciones de la Real Academia Española de la Lengua, de conceptos relativos al término “canon”.

Canon: Cantidad periódica pagada a la Administración por el titular de una concesión demanial.

Demanial: relativo al demanio (dominio público)

Dominio público: Situación en que quedan las obras artísticas e intelectuales tras el vencimiento del plazo que da derecho a su explotación exclusiva por el autor o sus herederos, y que implica la libertad de reproducción, representación o edición.

A la luz de estos conceptos, el Canon Digital debiera gravar la difusión pública de los productos intelectuales, no al soporte.

Entiendo que se trate de detener un ilicito, pero creo que es el equivalente de matar una mosca con un misil, considerando que los efectos colaterales de la medida son, por mucho, perjudiciales para el resto de la industria.

TCC: una iniciativa ciudadana

Se llama “Todos contra el Canon“. Es un movimiento que agrupa un total de 28 organizaciones españolas, 566 colectivos ciudadanos -representando a 475 mil personas- y casi 180 mil personas que han firmado en el sitio de la iniciativa a nivel individual, manifiestan su desacuerdo con la ley.

En su sitio web, muestran ejemplos del canon que grava a distintos soportes y dispositivos digitales, desde un paquete de DVDs vírgenes hasta una radiocasettera (y eso que no es digital). A manera de ejercicio, un iPod de 30GB debe pagar 90 euros adicionales, además del 16 por ciento de IVA (en España), por concepto de Canon Digital. El problema es que este no lo paga Apple, sino que el consumidor, ya que el canon se aplica al precio final del dispositivo.

Si este caso lo llevamos a Chile, el iPod de 30GB vale aproximadamente 190 mil pesos, (IVA incluido). Si pagara un canon de 90 euros, ese precio se elevaría a 255 mil pesos.

El caso se pone peor si compramos CD o DVD vírgenes. Un pack de 100 DVD vírgenes, tiene que pagar un canon de 140 euros -aproximadamente 100 mil pesos-. Esto es mil pesos por cada disco. Si consideramos que encontramos DVD vírgenes por 800 o mil pesos, este precio se duplicaría por concepto de canon. En el caso de comprar el paquete, el precio casi se quintuplica.

¿Y si estos DVD son para el desarrollo de una distribución de Linux, que está protegida por una licencia libre? ¿O si son para respaldar el trabajo de un año de mi estación de edición de audio? ¿O si son para masterizar la grabación de la fiesta de navidad del barrio, que me encargó mi junta de vecinos, y que hice de manera voluntaria?

Simplemente no se hace la distinción.

Según los datos aportados por la plataforma ciudadana, la industria tecnológica paga 2 billones de euros anuales por concepto de canon digital, lo podría provocar la migración de estas empresas a lugares donde no se aplica el canon -el Reino Unido, por ejemplo-, para evitar pérdidas y litigios que pueden abultar aún más el costo.

Sin embargo, a la larga el que paga el pato es el usuario, ya que todas las empresas, por su naturaleza lucrativa, traspasan el costo adicional al usuario.

Otro punto discutido es que lo recaudado es repartido de manera arbitraria, ya que no todos los autores -principales “protegidos” por la ley- reciben beneficios de la misma.

[sarcastic_mode] ¿Será que sus “representantes” se quedan con parte de las ganancias? -digamos 99 por ciento-. [/sarcastic_mode]

Y a mí ¿qué?

“Esto esta pasando en España. ¿Qué nos importa en Chile?”. Bueno, esto aún no nos afecta, pero en Chile tenemos la costumbre de aceptar de buenas a primeras las decisiones tecnológicas del Gobierno.

Ver las últimas decisiones, como rechazar el OLPC de Negroponte, pero alinearse de inmediato con la propuesta WIntel -200 dólares más cara y claramente apuntada a la esclavización de los usuarios- me hace pensar.

Tal vez, próximamente las “prolíficas” mentes de nuestros honorables parlamentarios tengan una idea similar -por no decir la misma-, y creo que los que nos hacemos llamar ciudadanos debemos alzar la voz en contra de abusos de esta naturaleza.

Actualización: no faltó el chileno: SCD exige pago por venta de artículos y soportes digitales. Esperemos que no llegue más allá.

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